La Defensoría del Pueblo boliviana informó que la reciente operación de las fuerzas del orden, para desbloquear carreteras en el departamento de La Paz y los posteriores enfrentamientos entre manifestantes y agentes, dejaron 47 personas detenidas y cinco heridas.
El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, informó a la prensa que se registraron 47 personas detenidas en las ciudades vecinas de La Paz y El Alto, cuya situación fue monitoreada y se buscó que se les asignen abogados de defensa pública.
También indicó que tienen registro de “cinco personas heridas, entre ellas ciudadanos con afectaciones oculares y faciales que recibieron atención médica”, sin dar mayores detalles.
Además, la Defensoría verificó “agresiones e impedimento al trabajo de periodistas y trabajadores de la prensa en cobertura de los hechos”, ante lo cual Callisaya pidió “proteger” la labor de los informadores.
La Asociación Nacional de Prensa (ANP) informó que dos periodistas de canales locales de televisión sufrieron lesiones “como efecto de una emboscada organizada” por personas que bloqueaban una ruta en el sur de La Paz, un sector que forzó a pedradas y con explosivos el repliegue policial y militar del lugar.
En ese sitio, conocido como Lipari, uno de los informadores “fue retenido por varios minutos con violencia por los bloqueadores, que también destruyeron su teléfono móvil”, señaló la ANP.
La Defensoría del Pueblo indicó que también hubo “situaciones de confrontación entre sectores movilizados y vecinos en distintos puntos de bloqueo” y “afectaciones humanitarias derivadas de la prolongación del conflicto” y los bloqueos iniciados hace 11 días en el departamento de La Paz.
La entidad recibió, además, “denuncias sobre posibles vulneraciones de derechos humanos durante operativos y movilizaciones, las cuales se encuentran en proceso de verificación institucional”.
Como se conoce las protestas en Bolivia se dan principalmente a una grave crisis económica, la escasez de combustibles (diésel y gasolina), la falta de dólares y el aumento en los precios de la canasta básica. Sectores como el transporte, sindicatos mineros y campesinos exigen soluciones directas al gobierno y cambios en la administración central.
FUENTE: EFE
