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El Congreso debe priorizar agenda contra la extorsión y crisis económica exigen las Mypes

Pequeños negocios denuncian que desde la pandemia lidian contra una crisis constante por regulaciones excesivas y la inseguridad ciudadana.

A través de un contundente comunicado, representantes de distintos sectores productivos y de servicios señalaron que los pequeños negocios continúan atravesando un escenario difícil desde la pandemia. “Desde la pandemia, los pequeños negocios del país estamos atravesando una crisis económica constante, que se ha endurecido por la alta inseguridad ciudadana que nos golpea a todos, y por un exceso de regulaciones a todo nivel”, indicaron.

Actualmente, las MYPE representan el 99,2% de las empresas formales del país. Según estimaciones del 2025, en el Perú existen alrededor de 2 millones 460.592 empresas formales y, de ese total, 2 millones 441.018 corresponden a micro y pequeñas empresas, sector que además aporta el 20,6% del Producto Bruto Interno. La mayoría de estas empresas se concentra en los sectores comercio y servicios, que reúnen el 85,5% del total. El comercio agrupa el 44,1% de las MYPE, mientras que servicios concentra el 41,4%. Más atrás se ubican manufactura (8,5%), construcción (3,8%), agropecuario (1,2%), minería (0,8%) y pesca (0,2%).

Asimismo, cuestionaron la respuesta del Ejecutivo frente a esta situación. “Las respuestas del Gobierno no han sido suficientes, por lo que recurrimos al Poder Legislativo a tomar medidas inmediatas”, añadieron.

Entre los principales proyectos que buscan sean debatidos en el Pleno figura el PL 11366, enfocado en medidas de protección frente a la extorsión y el crimen organizado. Sobre ello, los gremios remarcaron que este problema “nos afecta día a día”.

También respaldaron los proyectos PL 13411 y 13559, relacionados con un fraccionamiento especial de la deuda tributaria para otorgar una suerte de alivio financiero a los pequeños negocios. 

En el documento, además, solicitaron aprobar el PL 536 para que el Congreso recupere la facultad de legislar en materia del Impuesto Selectivo al Consumo. Según señalaron, esta medida “garantiza predictibilidad” y permitiría actuar ante una posible crisis de combustibles.

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